INTRODUCCIÓN
El gobierno turco parece disfrutar gobernando el país mediante decretos-leyes provisionales que marginan eficazmente al Parlamento y que han desmantelado el poder judicial independiente bajo el estado de emergencia, que se ha extendido repetidamente durante más de un año desde que se produjera el polémico intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. El gobierno ha implementado medidas que han ido más allá de abordar necesidades urgentes de seguridad y ha comenzado a utilizar poderes de emergencia para regular asuntos que requieren un debate inclusivo y participativo entre todos los actores.
Los decretos-leyes fueron utilizados para llevar a cabo cambios drásticos en el gobierno; ha allanado, por ejemplo, el camino para el procesamiento de los miembros del Parlamento revocando su inmunidad o dando poder a la notoria agencia de inteligencia turca para que actúe con completa impunidad. Han sido también utilizados para regular asuntos aparentemente triviales, desde cambios en los estándares para los neumáticos de invierno hasta la prohibición de los programas de televisión para buscar pareja, que no tienen nada que ver con el estado de emergencia. Mientras se defendía en el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, el gobierno turco a menudo enfatizaba que el alcance de los decretos-leyes emitidos se han limitado a organizaciones terroristas, evitando interferir en los derechos y libertades de otros. Los ejemplos sobre el terreno, sin embargo, muestran una historia completamente diferente.
Está claro que bajo el estado de emergencia, que fue renovado por cuarta vez el 17 de abril de 2017, el gobierno autoritario del presidente Recep Tayyip Erdogan prácticamente ha usurpado los poderes legislativo y judicial. Actuando en nombre de la legislatura y el poder judicial, el presidente Erdogan decide qué es considerado delito y quién es culpable, y solicita a los tribunales que hagan lo que sea necesario. «Nuestra nación ya los ha condenado con el castigo más severo, que es la traición, en sus corazones. No tengo ninguna duda de que los tribunales, juzgando en nombre de la nación, emitirán sus veredictos en consecuencia,” dijo en junio de 2017.
En caso de no estar satisfecho con las decisiones judiciales, y a pesar de la subordinación de la judicatura a su autoridad, Erdogan insta directamente a la población a ejecutar el castigo: «Ninguno de estos sangrientos asesinos evitará el grave destino que le espera. Su inmoralidad durante los juicios no les ayudará mientras se pudren en prisión. Si son liberados, tras cumplir su pena, nuestra nación administrará el castigo necesario cada vez que sean vistos en la calle.” Estamos ante un llamamiento público del líder del país a los linchamientos en masa y a la violencia de las patrullas ciudadanas, incluso después de que los sospechosos hayan sido considerados culpables de lo que parecen ser cargos completamente falsos y cumplan condena en terribles condiciones en las cárceles turcas, donde a menudo son sometidos a torturas y malos tratos. Es preocupante que la base electoral del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan ya tenga una predisposición al linchamiento, de la que existen ejemplos dolorosos. En la ciudad de Samsun, un ex inspector de policía fue golpeado en la calle por un fanático de Erdogan, frente a una multitud, hasta casi producirle la muerte; el asaltante compartió las imágenes de video del incidente en las redes sociales. La violencia está dirigida no sólo contra individuos, sino también contra instituciones que son blanco del gobierno. Hubo casos en los que estas instituciones fueron destrozadas y atacadas. Las escuelas y librerías vinculadas al movimiento Gülen fueron asaltadas y saqueadas. En los mítines, prominentes figuras vinculadas al AKP, conocidas por sus puntos de vista extremistas, incitaban a la gente a cometer saqueos describiendo las propiedades del movimiento como botín de guerra, siguiendo una mentalidad similar a la del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL).
Mientras los acusados eran privados del derecho al debido proceso y a un juicio justo, los tribunales han sido sometidos a una presión continua y abrumadora por parte de las autoridades políticas. Los abogados personales de Erdogan han estado asistiendo a lo que parecen ser simulacros de juicios y han actuado como si fueran inspectores que supervisan a jueces y fiscales. El presidente turco también mantiene a los tribunales bajo presión a través de sus asesores. «Estoy siguiendo los juicios a través de todos mis asesores principales. Siguen audiencias, particularmente en Ankara y Estambul. Estoy leyendo sus informes en tiempo real y manteniéndome al día con los procedimientos,” afirmó Erdogan en junio de 2017.
A pesar de la prohibición de publicar o revelar imágenes de las salas de los tribunales, los miembros parlamentarios del AKP de Erdogan comparten sus fotos para demostrar su presencia en los tribunales durante los juicios. A veces llegan incluso a decidir cómo debe implementarse el derecho procesal y hasta se atreven a ordenar cómo deben llevarse a cabo las audiencias. En sus intervenciones, alegando que los acusados mienten, piden a los jueces que no tengan en cuenta sus declaraciones, en una descarada interferencia de los políticos en las audiencias. La intensa presión sobre los tribunales hace que los juicios justos y las sentencias independientes sean imposibles en Turquía.
Las justificaciones para las decisiones judiciales muestran que los obstáculos relacionados con los procedimientos judiciales no se limitan a estas injerencias. Se han notificado numerosas violaciones de principios jurídicos básicos y de los derechos fundamentales que se recogen en los convenios internacionales que Turquía tiene la obligación de cumplir. Han aumentado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las muertes sospechosas bajo custodia y en las cárceles. El gobierno ignora totalmente los principios de «necesidad» y “proporcionalidad», que son indicadores para medir si los decretos-leyes son compatibles con los compromisos de Turquía a la hora de implementar medidas adoptadas bajo el estado de emergencia. Los remedios legales aparecen sólo sobre el papel, ya que no existe el recurso real a la justicia en Turquía, con los tribunales de apelación y el Tribunal Constitucional subordinados a los caprichos y emociones de un hombre, a saber, el presidente Erdogan.
