Cualquier persona que haya completado una educación universitaria de cuatro años podrá convertirse en juez administrativo en Turquía, de acuerdo con un nuevo decreto presidencial.
El decreto nº 703 fue emitido el martes por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien inició su segundo mandato como presidente tras prestar juramento el lunes.
El vicepresidente de la Unión de Jueces, Nuh Hüseyin Köse, tuiteó el martes que cualquier persona con un título de cuatro años puede convertirse en juez administrativo según el nuevo decreto.
‘El obstáculo legal para los graduados de cursos de cuatro años de duración como fisioterapia, veterinaria, francés, ingeniería climática, sumerología y medicina se ha eliminado’, escribió, añadiendo que a estas personas se les ha concedido el derecho a presentarse al examen para convertirse en jueces administrativos.
El gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdogan ha arrestado a un total de 2.431 jueces y fiscales y ha despedido a otros 4.424 en el sistema judicial desde un controvertido intento de golpe militar el 15 de julio de 2016, según un fallo de la Asamblea General de la Corte Constitucional a principios de agosto de 2017.
Un informe exhaustivo titulado ‘La caída de Turquía en la arbitrariedad: El fin del Estado de derecho’, publicado por el Stockholm Center for Freedom en abril de 2017, proporciona información detallada sobre cómo el Estado de derecho ha perdido significado en el contexto turco, confirmando el colapso efectivo de todos los recursos judiciales y administrativos internos disponibles para los ciudadanos turcos que presentan denuncias por violaciones de derechos.
Enumera muchos casos recientes que muestran las formas en que el presidente autocrático de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y sus asociados en el gobierno manipulan el poder judicial a través de lealistas y partidarios. Las autoridades políticas llevaron a cabo una campaña de intimidación sin precedentes contra jueces y fiscales independientes, que incluyó detenciones ilegales y confiscaciones arbitrarias de bienes.
Erdogan y su gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) son fuertemente criticados por destruir la separación de poderes en el país y crear su propio poder judicial, el cual actúa bajo las órdenes de Erdogan.
Mientras tanto, la posesión del título de cátedra ya no es un criterio para ser nombrado rector de universidad en Turquía, según un reciente decreto emitido por el gobierno, que despidió a más de 7.500 académicos hasta ahora bajo estado de emergencia.
El decreto gubernamental nº 703, que fue emitido por el Gobierno turco el lunes, ha eliminado la frase “individuos que poseen el título académico de cátedra» de la ley pertinente que rige el nombramiento de rectores universitarios.
Actualmente, los rectores de las universidades son nombrados directamente por el presidente de Turquía.
El gobierno del AKP emitió dos decretos en octubre de 2016 que, entre otras cosas, cancelaron las elecciones intrauniversitarias que solían celebrarse para elegir a los rectores de las universidades.
Según el sistema anterior, las universidades celebraban elecciones dentro de sus instituciones, pero la decisión final recaía en el presidente. El presidente Erdogan insistió en que la abolición del sistema electoral sería beneficiosa para el país. La medida atrajo críticas generalizadas en el sentido de que eliminaría la autonomía de las universidades.
