El Comité de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) pidió el martes a Turquía que posponga sus elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para el 24 de junio, afirmando que “es imposible celebrar elecciones verdaderamente democráticas bajo el estado de emergencia y las operaciones de seguridad en curso en el sudeste de Turquía”.
El Comité, en una declaración publicada en su sitio web el martes, subrayó que el período extremadamente corto entre la adopción de algunas enmiendas a la ley electoral y las próximas elecciones -que se celebrarán un año y medio antes de lo programado- “deja muy poco tiempo para que los partidos políticos se ajusten y completen sus preparativos para las elecciones”.
“El Comité observa que las enmiendas a la ley electoral fueron aprobadas por el Parlamento tan sólo un mes antes de la convocatoria de estas elecciones anticipadas. Estas enmiendas cambian sustancialmente las reglas para las elecciones y la campaña electoral. Incluyen la posibilidad de formar alianzas preelectorales, lo que no era posible hasta ahora. El período extremadamente corto entre la adopción de estas nuevas normas y las próximas elecciones deja muy poco tiempo para que los partidos políticos se ajusten y completen sus preparativos para las elecciones. Cambiar las reglas electorales tres meses antes de la jornada electoral es contrario a las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Al mismo tiempo, la Asamblea observa con pesar que el umbral electoral del 10% -el más alto de Europa- no fue rebajado en la ley enmendada, como pidió la comunidad internacional, incluida la Asamblea. Este umbral tan alto socavará aún más el pluralismo político al marginar a los partidos políticos individuales.
El Comité lamenta que, el mismo día en que se anunciaron las elecciones, el Parlamento aprobara la séptima prórroga del estado de emergencia establecido tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Haciéndose eco de las preocupaciones de la Comisión de Venecia, el Comité reitera que es imposible celebrar elecciones verdaderamente democráticas bajo el estado de emergencia y las operaciones de seguridad en curso en el sudeste de Turquía.
Desde julio de 2016, el estado de emergencia ha dado lugar a medidas desproporcionadas y a restricciones inaceptables de las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión, los medios de comunicación y la libertad de reunión. Ha afectado de manera negativa y desproporcionada a las voces opositoras y críticas, como destacó la Asamblea en su resolución 2156 (2017). El Comité lamenta que no se haya logrado ningún progreso desde entonces. Un número significativo de parlamentarios de la oposición (10), periodistas (unos 150) y defensores de los derechos humanos siguen detenidos, mientras que muchos otros se enfrentan a procesos judiciales por cargos relacionados con el terrorismo. Muchas ONG han sido cerradas. Numerosos medios de comunicación también han sido cerrados o comprados por empresarios progubernamentales. Una ley recientemente adoptada ha reforzado el control de la emisión en línea. Esto ha reducido aún más el espacio para el debate democrático necesario en tiempos de elecciones, lo que requiere el acceso a información completa y precisa para asegurar la capacidad de los votantes de tomar decisiones informadas entre los candidatos.
Además, varias disposiciones del nuevo sistema electoral plantean serias cuestiones sobre la seguridad y la transparencia de las elecciones y la posible injerencia del ejecutivo en la administración electoral. El Comité está especialmente preocupado por la posible presencia de fuerzas policiales en los colegios electorales, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre los votantes. También le preocupa que la decisión de aceptar papeletas no selladas invalide el uso de papeletas selladas como medida de seguridad importante. Además, el Comité también lamenta que no se hayan abordado las recomendaciones anteriores y reiteradas formuladas por la Asamblea Parlamentaria, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) en relación con la cobertura de los medios de comunicación y la financiación de las campañas electorales y los partidos políticos. Por consiguiente, el Comité de Seguimiento ha decidido recurrir a la Comisión de Venecia para que emita un dictamen sobre la ley electoral, revisada en marzo de 2018, y la legislación conexa.
El Comité de seguimiento está profundamente preocupado por el hecho de que este contexto adverso impida la celebración y organización de unas elecciones verdaderamente democráticas y confirma que, al final del proceso, está en juego la legitimidad general de estas elecciones. El Comité de Seguimiento recuerda que Turquía debe respetar los valores fundamentales del Consejo de Europa, incluida la celebración de elecciones libres y justas. También recuerda que estas elecciones serán cruciales; será el último paso para el cambio a un sistema presidencial ejecutivo, que concederá amplios poderes al presidente de la República al tiempo que limitará los controles y equilibrios. Todos estos factores combinados desafían seriamente la naturaleza democrática de las elecciones. Por lo tanto, el Comité recomienda que las autoridades turcas pospongan las elecciones.”
