Auditores de la UE: La ayuda financiera de la UE a Turquía solo tuvo un efecto limitado

Comunicado de prensa
Luxemburgo, 14 de marzo de 2018

La ayuda financiera de la UE a Turquía, que tiene como objetivo contribuir a la adaptación del país a la legislación de la UE, solo ha tenido un efecto limitado, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Aunque la ayuda estaba bien diseñada, la financiación no abordó de manera suficiente algunas necesidades fundamentales en los sectores del Estado de Derecho y la gobernanza, donde, según el Tribunal, están pendientes algunas reformas cruciales. En ámbitos donde se ha mostrado más voluntad política, como aduanas, empleo y fiscalidad, los proyectos sí han contribuido a adaptar a Turquía a la legislación de la UE. Sin embargo, es posible que los resultados no sean sostenibles debido a las dificultades para gastar los fondos y al retroceso en las reformas.

La ayuda financiera de la UE prevista para Turquía desde 2007 hasta 2020 a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión asciende a más de 9 000 millones de euros. El Tribunal se centró en los sectores prioritarios del Estado de Derecho, la gobernanza y los recursos humanos (educación, empleo y políticas sociales), a los que se había asignado un presupuesto de 3 800 millones de euros.

El Tribunal constató que la Comisión fijó unos objetivos de financiación específicos y coherentes con el marco jurídico. Los objetivos de los ámbitos del Estado de Derecho, la gobernanza y los recursos humanos eran pertinentes y estaban basados en las necesidades señaladas por Turquía para adaptarse a la legislación de la UE y reforzar su capacidad administrativa.

Sin embargo, según los auditores, en realidad, los fondos empleados apenas responden a algunas de las necesidades fundamentales, en concreto la independencia e imparcialidad de la justicia, la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, la libertad de prensa, la prevención de los conflictos de intereses y el refuerzo de la auditoría externa y la sociedad civil. Según el propio análisis realizado por la Comisión, indican los auditores, no se han producido avances satisfactorios en estos ámbitos durante varios años, ya que falta voluntad política por parte de las autoridades turcas.

En palabras de Bettina Jakobsen, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, «a partir de 2018, la Comisión debería orientar mejor los fondos en ámbitos en los que las reformas han sufrido retrasos y son necesarias para lograr un avance creíble hacia la adhesión a la UE».

Los auditores constataron que la Comisión había decidido apoyar reformas sectoriales en lugar de proyectos independientes, pero que las evaluaciones sectoriales no siempre fueron exhaustivas, especialmente en la coordinación de donantes, el análisis presupuestario y la evaluación de los resultados.

Asimismo los auditores señalan que establecer condiciones a la financiación puede contribuir a promover las reformas; sin embargo, pese a los avances reiteradamente insatisfactorios, la Comisión había utilizado poco la condicionalidad para apoyar reformas en los sectores prioritarios. En particular, la Comisión rara vez impuso condiciones como la opción de volver a centralizar la gestión de los proyectos o de aplicar medidas correctoras si no se cumplían las condiciones de los proyectos. Asimismo, la posibilidad de suspender la financiación si no se cumplían los principios de democracia y Estado de Derecho no se reflejó expresamente en la normativa.

Los proyectos fiscalizados proporcionaron, por lo general, las realizaciones previstas, que contribuyeron a que Turquía se adaptara a la legislación de la UE y reforzara su capacidad administrativa, a pesar de los frecuentes retrasos. Sin embargo, el Tribunal constató que la sostenibilidad de estos resultados positivos corre peligro, sobre todo por la falta de voluntad política, una situación empeorada por los despidos a gran escala, las suspensiones de funcionarios y las restricciones impuestas a la sociedad civil.

Otra fuente de preocupación es que, debido a los retrasos generalizados en su programación y ejecución, el programa de financiación sufrió un retraso significativo, lo que provocó reducciones en la financiación y en el tiempo de que disponían las autoridades turcas para ejecutar los proyectos posteriores, y contribuirán aún más a retrasar la licitación y la contratación. Los motivos de estos retrasos son conocidos: la débil capacidad administrativa de algunos ministerios para la preparación de las propuestas de proyectos, la transición al enfoque sectorial y la excesiva rotación de personal en la unidad de contratos, que gestiona la mayoría de los fondos de la UE gastados en Turquía.

Los auditores formulan varias recomendaciones para mejorar la concepción y la ejecución de la ayuda de preadhesión destinada a Turquía. Asimismo, los resultados de la fiscalización se incluirán en la revisión intermedia de la financiación que lleve a cabo la Comisión, así como en el diseño de futuros programas de ayuda en favor de los países de la ampliación de la UE.

El informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (en formato pdf)