Caso práctico sobre la vil campaña de Erdogan que promueve el discurso de odio: Ataque al movimiento Gülen

Turquía ha sido testigo de un aumento sin precedentes del discurso xenófobo, intolerante y lleno de odio por parte de los gobernantes políticos de la nación, impulsado principalmente por su presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien emplea de manera incesante un discurso vil para incitar a la hostilidad, profundizar las divisiones y expandir la polarización en una nación de cerca de 80 millones de habitantes, con el fin de obtener beneficios políticos a corto plazo. Esto ha tenido un impacto negativo en la cohesión social, el pluralismo y la integridad de la sociedad turca, ha supuesto una amenaza para los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ha politizado las instituciones del Estado, incluido el poder judicial. Hoy, invocar el discurso de odio que estigmatiza a millones de personas entre los grupos sociales vulnerables, las minorías y otros, representa una rutina importante por parte del régimen autocrático del presidente Erdogan.

Desafortunadamente, muchos partidos de la oposición en Turquía consienten la ideología divisiva del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el presidente Erdogan. Repiten la misma línea o bien no muestran voluntad política para actuar y combatir el discurso intolerante y lleno de odio, así como acciones discriminatorias que socavan la democracia. Además, este alarmante patrón de odio vigente entre los líderes se ha expandido y amplificado por medios de comunicación dirigidos o controlados por el gobierno, ONGs e instituciones educativas que siembran ideas intolerantes en todos los segmentos de la sociedad. Esto no sólo es una amenaza para Turquía, sino que también conlleva el riesgo de propagación a otros lugares, como ya se deja notar en muchos países, especialmente en Europa, donde existen importantes comunidades turcas.

Las viles e incesantes declaraciones del presidente Erdogan contra sus opositores y críticos a nivel nacional, como miembros del movimiento Gülen, alevís y kurdos, se extienden más allá de las fronteras turcas. Occidente en general, y los cristianos y los judíos en particular, en ocasiones tampoco se han librado del discurso de odio de los líderes turcos. El Centro de Estocolmo para la Libertad (SCF, según sus siglas en inglés), un grupo de supervisión que realiza un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos en Turquía, ha estado documentando casos de discurso de odio y crímenes de odio que representan una amenaza para la diversidad y el pluralismo en Turquía. Como caso práctico en este informe, el SCF eligió el patrón de odio usado por Erdogan para demonizar a los miembros del movimiento Gülen. Este ha soportado el ataque incesante de Erdogan y sus asociados en el gobierno, dando lugar a una persecución masiva y a una cacería de brujas sin igual en la historia turca moderna. Esta campaña ha sido tan dura que incluso los partidos de la oposición han adoptado el lenguaje de los opresores, en lugar de desafiarlo y resistirlo, con la esperanza de desviar la ira de Erdogan y transferir parcialmente la culpa a las víctimas.

Aunque no existe una definición universalmente aceptada de lo que significa el discurso de odio, hay una serie de pautas que Turquía debería seguir, como son las emitidas por los órganos del Consejo de Europa. De hecho, hasta cierto punto, Turquía ya lo hizo cuando criminalizó el discurso de odio en 2014. Sin embargo, la puesta en práctica ha sido bastante decepcionante, cuando menos, porque en muchos casos los fiscales simplemente se niegan a presentar denuncias penales, especialmente cuando van dirigidas contra oficiales del gobierno, en particular Erdogan, y en algunos casos han convertido las denuncias en nuevas investigaciones que tienen como objetivo los demandantes y las víctimas.

Erdogan, quien ha consolidado su control sobre el poder judicial con las nuevas enmiendas constitucionales del 16 de abril que le otorgaron el poder definitivo para formar los principales órganos judiciales, goza de inmunidad absoluta cuando emplea constantemente el discurso de odio contra sus críticos y opositores. Por otro lado, los abogados de Erdogan interponen miles de casos de difamación contra personas que han criticado legítimamente al presidente turco, castigando a los críticos con importantes multas y condenas de cárcel.

Este patrón confirma la opinión de que la simple penalización del discurso de odio no ha supuesto la solución en el caso turco, ya que el problema real proviene de la falta de respeto por la igualdad, la diversidad y el pluralismo en el verdadero sentido por parte del cuadro actual de líderes turcos, cuya ideología tiene sus raíces en el islamismo y en el nacionalismo xenófobo. Para colmo de males, Erdogan y otros líderes en Turquía van más allá al alentar el discurso de odio, ignorar los derechos humanos y los problemas fundamentales, y revisar las políticas educativas y sociales para institucionalizar esta peligrosamente inflamable narrativa de odio.

Al hacerlo, Turquía ha estado violando, ante todo, los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), que son vinculantes para este país. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado claramente que “la tolerancia y el respeto por la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen los cimientos de una sociedad democrática y pluralista. Siendo así, como cuestión de principio, puede considerarse necesario en ciertas sociedades democráticas sancionar o incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia.”

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) también estableció las directrices para combatir el discurso de odio en su recomendación de política general número 15, que fue adoptada el 8 de diciembre de 2015. En ella, la ECRI reconoció que los políticos y otros líderes “tienen una responsabilidad particularmente importante” en la prevención del discurso de odio “debido a su capacidad para ejercer influencia sobre un público amplio”.

En el caso de Turquía, Erdogan está haciendo todo lo contrario. Como resultado, lo que la ECRI advirtió al decir que “el uso del discurso de odio puede tener la intención de incitar, o razonablemente se espera que tenga el efecto de incitar a otros a cometer, actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra aquellos que son blanco de él” y que esta es “una forma especialmente grave de dicho discurso” ha sucedido en Turquía.

Se cree que la tortura reiterada y los malos tratos infligidos a miembros encarcelados del movimiento Gülen por parte de policías y funcionarios penitenciarios, así como los delitos de las pandillas de justicieros contra ellos, son alentados por el discurso de odio empleado por Erdogan y otros líderes turcos contra el grupo. Turquía también parece violar la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que finalmente ratificó en 2002, 30 años después de su firma. Es muy probable que Turquía sea citada a tal efecto en los próximos informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que supervisa la implementación de la convención.

Del mismo modo, como miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Turquía acordó en Copenhague en 1990 que los Estados participantes deberían “garantizar a todas las personas una protección equitativa y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo”. La Oficina de las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/ODIHR) supervisa a Turquía en lo referente a crímenes de odio. Sin embargo, la propia oficina recibió un ataque injustificado por parte de Erdogan durante y después de la campaña del referéndum del 16 de abril, que impulsó los poderes del presidente sin un sistema de controles y equilibrios en lo que fue considerada una campaña imparcial y no libre.

Erdogan calificó a los observadores electorales de la OSCE como “terroristas”; se comprometió a no reconocer sus informes y ordenó a sus medios de comunicación que realizaran una campaña de desprestigio contra los observadores individuales llenando las primeras páginas de los diarios progubernamentales con sus fotos. Tal y como el legislador sueco Jonas Gunnarsson dejó claro en su informe de 2014, titulado “Una estrategia para prevenir el racismo y la intolerancia en Europa”, que fue aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), los políticos tienen una responsabilidad especial a la hora de permanecer vigilantes ante el creciente discurso de odio, instándolos a rechazar firmemente el racismo, el odio y la violencia. “Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, los políticos se permiten utilizar un discurso populista e intolerante, incluso cuando pertenecen a los desatacados partidos”, concluyó.

Esto es especialmente cierto en el caso de Erdogan. En este estudio de investigación, la plantilla de discurso de odio decodificado que Erdogan usó contra los miembros del movimiento Gülen bien podría haber sido aplicada a otros en diversos grados e intensidad, incluyendo en algún momento el movimiento político kurdo y los alevís, así como organizaciones internacionales tales como la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y países concretos como los Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. SCF está monitorizando todos estos patrones de discurso de odio y planea recopilarlos en informes separados en el futuro.