Abuso del sistema de la Interpol por parte de Turquía

Cómo ha convertido Erdogan la Interpol en un arma de persecución en el extranjero

El flagrante abuso del sistema de justicia penal por parte del gobierno turco para perseguir, hostigar e intimidar a sus opositores y críticos ha aumentado recientemente hasta el punto de incluir también la manipulación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Las dudosas y falsas acusaciones presentadas en masa con la Interpol para perseguir a los enemigos políticos del poderoso presidente turco Recep Tayyip Erdogan provocaron una crisis internacional cuando los ciudadanos turcos y los extranjeros de origen turco se vieron acosados, especialmente al viajar de un país a otro. La Interpol, creada para la cooperación entre las agencias policiales de los estados miembros, con el fin de arrestar y extraditar criminales y terroristas, está siendo socavada por el gobierno turco, el cual está abusando del sistema, especialmente del sistema de notificación internacional como Notificaciones Rojas o Mensajes de difusión, para perseguir a oponentes políticos que no han cometido ningún delito, sino que simplemente han sido críticos con las políticas del gobierno islamista de Turquía.

El gobierno turco ha inundado la Interpol con varias notificaciones, incluidas Notificaciones Rojas, supuestamente generando resentimiento en la Secretaría de la Interpol, que está preocupada por la integridad y la credibilidad del sistema. Lyudmyla Kozlovska, presidenta de The Open Dialog Foundation (ODF), una importante ONG que presiona a la Interpol para llevar a cabo reformas efectivas, afirmó que “la represión por parte de las autoridades turcas sobre los seguidores del movimiento Gülen en el extranjero, a través de los mecanismos de la Interpol, no tiene precedentes debido a la masiva persecución política”.

Kozlovska agregó que “[nosotros] no conocemos el número exacto de víctimas producidas por las Notificaciones Rojas de la Interpol que ha emitido el régimen de Erdogan, pero el hecho de demostrar si la CCF (Comisión de Control de los Ficheros) es capaz de prevenir o detener tal nivel de abusos constituye uno de los mayores desafíos para la propia Interpol”. “El fuerte aumento de dichas notificaciones durante la última década, y su presunto abuso por parte de algunos estados miembros en la búsqueda de objetivos políticos, reprimiendo la libertad de expresión o persiguiendo a miembros de la oposición política más allá de sus fronteras, representa un serio desafío para el sistema”, señaló el ponente Bernd Fabritius el 7 de marzo de 2017, cuando el Comité de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó recomendaciones para poner fin al abuso de las Notificaciones Rojas de la Interpol.

El Parlamento Europeo condenó el ataque a figuras de la oposición exiliadas mediante el abuso de los procedimientos de extradición a través de la Interpol e instó a los estados miembros a “proporcionar una mejor protección y evitar deportarlos de acuerdo con el principio de no devolución, que prohíbe la entrega de verdaderas víctimas de persecución a su perseguidor”. El gobierno turco está actuando en contra de las recomendaciones formuladas en la declaración de Estambul de 2013 por la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que destacó el abuso del sistema por parte de los Estados miembros.

Durante el evento organizado por Turquía del 29 de junio al 3 de julio de 2013, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE solicitó a la Interpol “continuar las reformas para mejorar sus mecanismos de supervisión con el fin de detectar intentos de uso indebido de sus sistemas por los Estados miembros de la OSCE cuyos sistemas judiciales no cumplen con las normas internacionales, y permitir que individuos injustamente atacados por cargos políticamente motivados expongan y pongan fin rápidamente a este abuso de la Interpol”. Abusos por parte de la Interpol de Turquía con fines políticos, incluida la persecución de miembros de la sociedad civil, grupos sociales, activistas de los derechos humanos, opositores políticos y periodistas, fueron documentados por el Centro para la Libertad de Estocolmo (SCF) en su página web. La emisión de Notificaciones Rojas por parte del gobierno turco para dos ciudadanos europeos (sueco y alemán) de origen turco acabó en detención por parte de las autoridades españolas, desencadenando una crisis internacional, siendo el gobierno de Erdogan acusado de abusar de la Interpol.

El gobierno de Erdogan también presentó cientos de solicitudes de información sobre empresas extranjeras a través de la Interpol, alegando la participación de conocidas marcas extranjeras en la financiación del terrorismo contra Turquía, sin motivos razonables que justificaran tales solicitudes. Esto condujo a la tensión diplomática entre Turquía y Alemania cuando Ankara acusó a unas 600 firmas alemanas de estar involucradas en crímenes de terrorismo. Tras su divulgación, el gobierno de Erdogan dio marcha atrás y retiró la lista de la Interpol. Otro abuso por parte de Turquía es la revocación de visados de viaje y de pasaportes a los críticos del gobierno que se trasladaron al extranjero para evitar la persecución.

Al impedir o restringir la libertad de circulación de los ciudadanos turcos, el gobierno turco también está violando el derecho de dichos ciudadanos a buscar empleo libremente, dañando su reputación y manchando sus nombres. En varios casos, algunas de estas personas quedaron abandonadas en aeropuertos internacionales o fueron detenidas antes de ser liberadas o, en el peor de los casos, entregadas a agentes turcos para terminar languideciendo en prisiones turcas sin ser juzgadas ni condenadas. No solo el gobierno turco, que abusa de los procedimientos para atacar a sus críticos, sino también la Secretaría de la Interpol, que permite que ese abuso ocurra en primer lugar, debe ser considerada cómplice de estas violaciones de los derechos humanos.

Aunque es alentador ver que la Interpol ha tomado algunas medidas para salvaguardar los derechos de las personas inocentes, también es cierto que ha mirado para otro lado cuando el gobierno turco ha perseguido a algunos críticos sin pruebas creíbles o una base sólida. En varios casos, el sistema de la Interpol ayudó al gobierno turco a deportar a críticos de otros países, los cuales acabaron finalmente en la cárcel, donde fueron sometidos a torturas y malos tratos. Debido a que el Estado de derecho ha sido suspendido efectivamente en Turquía y ya no existe un poder judicial independiente e imparcial, la Interpol debe extremar las precauciones al procesar las solicitudes de Turquía. El gobierno de Erdogan no solo viola la Constitución turca al no respetar el juicio justo y la protección del debido proceso, sino que también viola una serie de compromisos que ha adquirido en virtud de las convenciones internacionales. La Interpol debe garantizar que Turquía cumpla con las garantías vigentes para proteger el sistema y debe disuadir a Turquía de abusar de los procedimientos para hostigar a los críticos legítimos en base a cargos falsos.